Un doble femicidio en Córdoba, el secuestro de un niño y la desaparición de un remisero componen una trama que mantiene al país en vilo. El principal imputado, Pablo Laurta, fue detenido en Gualeguaychú (Entre Ríos) tras un operativo coordinado entre provincias, luego del hallazgo de pruebas contundentes y múltiples denuncias previas. El caso revela un entramado de violencia sistemática, acoso y omisiones institucionales.

Los hechos

El miércoles 8 de octubre, Laurta habría ingresado al domicilio de Luna Giardina (24) y su madre Mariel Zamudio (50) en Villa Rivera Indarte, Córdoba, y las asesinó de varios disparos. Luego secuestró al hijo de Luna, de cinco años, y escapó del lugar.

Días antes, Laurta había contratado a Martín Sebastián Palacios, remisero entrerriano, para que lo trasladara desde San Salvador hasta Córdoba. Desde ese viaje, Palacios permanece desaparecido. Su auto, un Toyota Corolla, fue encontrado incendiado en Villa Retiro, al norte de la capital cordobesa.

El hallazgo del cuerpo mutilado

El lunes 13 de octubre, en un descampado de Concordia, la policía halló un cuerpo mutilado dentro de una bolsa, sin cabeza ni brazos. Se presume que podría ser el remisero desaparecido. Los peritos esperan resultados de ADN y análisis de tatuajes para confirmar su identidad.

Testimonios y señales previas

Vecinos del barrio contaron que Luna había denunciado acoso durante meses. Según los testimonios, Laurta trepaba muros para espiar, merodeaba la casa y hasta se ocultó tres días en el tanque de agua. Pese a haber activado el botón antipánico, el sistema no habría evitado el desenlace.

Un testigo relató que, tras los asesinatos, Laurta actuaba “con absoluta frialdad”, sin mostrar signos de nerviosismo ni remordimiento.

Detención y rescate del niño

El operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos permitió localizar a Laurta en un hotel de Gualeguaychú, donde estaba con el niño. El pequeño fue rescatado sano y salvo, mientras que el acusado fue detenido sin resistencia.

En el allanamiento se secuestraron celulares, dinero, armas, la billetera de Palacios y material electrónico que podría ser clave para reconstruir el recorrido del prófugo.

Hipótesis judiciales

La Justicia de Córdoba imputó a Laurta por doble femicidio agravado por vínculo y alevosía, mientras que en Entre Ríos se investiga la desaparición y presunto homicidio del remisero.

Los fiscales también analizan denuncias previas por acoso y amenazas, que podrían evidenciar fallas en los mecanismos de protección y violencia de género estructural.

Puntos sin resolver

Aún no se confirmó si el cuerpo hallado pertenece a Palacios. Los peritajes de ADN serán determinantes. También se investiga si Laurta actuó solo o con ayuda en la fuga, el incendio del auto y la desaparición de pruebas.

Otra incógnita es cuándo y cómo secuestró al niño, así como la logística que utilizó para desplazarse entre provincias sin ser detectado.

Además, se plantea el rol del Estado y de las fuerzas de seguridad ante las denuncias previas: la efectividad del botón antipánico, el seguimiento de las medidas de restricción y la respuesta institucional frente al acoso denunciado.

Reacciones e impacto social

El caso generó protestas y manifestaciones en Córdoba y Entre Ríos. Organizaciones de mujeres, colectivos feministas y defensores de derechos del niño exigieron justicia y reformas urgentes en los protocolos de prevención.

Vecinos del barrio describieron un clima de temor e indignación, mientras que distintos sectores sociales reclamaron que este crimen marque un punto de inflexión en la protección a las víctimas.

Para muchos, la tragedia refleja la vulnerabilidad de las mujeres acosadas y la falta de respuesta estatal ante los signos de peligro.

Situación procesal y próximas instancias

Laurta permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras se analizan pruebas electrónicas, registros de llamadas, cámaras de seguridad y peritajes forenses. También se le realizan evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para determinar su estado mental.

La causa se desarrolla con intervención de dos jurisdicciones: Córdoba, por los femicidios y la sustracción del menor; y Entre Ríos, por la desaparición y posible homicidio del remisero.

Las próximas semanas serán determinantes. Si se confirma que el cuerpo hallado pertenece a Palacios, la imputación podría agravarse. A su vez, si se logran probar los antecedentes de acoso con evidencia material y testimonios, el caso podría sentar un precedente judicial sobre responsabilidad institucional en contextos de violencia de género.

Mientras tanto, la sociedad espera respuestas, verdad y justicia. El horror del crimen se transformó en símbolo de una lucha que interpela a todos: cómo prevenir, cómo proteger y cómo evitar que el próximo “botón antipánico” se convierta, otra vez, en un pedido que nadie escuchó.