Este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad. La medida, que había sido dictada en 2022, se refería a la adjudicación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz. El fallo fue unánime y rechaza definitivamente los recursos interpuestos por su defensa, con lo cual también queda suspendida la posibilidad de su candidatura a diputada bonaerense en las elecciones de septiembre.

La ex presidenta, de 72 años, enfrenta ahora una compleja situación jurídica: si bien corre riesgo de detención en las próximas horas, podría solicitar el arresto domiciliario por su edad. Desde su entorno, denuncian una “persecución judicial” y un eventual operativo de proscripción política.

El impacto político es inmediato: la líder del peronismo queda al margen de la contienda electoral de 2025, lo que reconfigura las estrategias del principal espacio opositor. Algunos analistas destacan que este fallo marca “una decisión histórica” y que sus consecuencias pueden redefinir el mapa político argentino, resaltando que es una resolución inédita al tratarse de una expresidenta condenada en un caso de corrupción.

En ese marco, el presidente Javier Milei expresó satisfacción por considerar que "la república funciona" y calificó el fallo de “justicia”, mientras que el peronismo y dirigentes sindicales convocaron a protestas en reclamo por la suspensión de los derechos democráticos. En Buenos Aires se reportaron cortes de ruta y manifestaciones en rechazo al veredicto.